INMUNIDAD FISCAL DEL ESTADO ARGENTINO

AQUEL QUE COBRA "IMPUESTOS" AL ESTADO EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. HACE BIEN?

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En este punto -y de acuerdo a todo lo expresado en las páginas anteriores sobre la legislación, doctrina y jurisprudencia que hablan de la inmunidad fiscal del Estado- podemos decir que quienes le facturan y cobran impuestos (IVA, IIBB y demás impuestos internos) al Estado Nacional, Provincial y Municipal están cometiendo un desfalco al Erario Público. Ya que el Estado no puede pagar impuestos dada su situación de Inmunidad Tributaria o Fiscal, ya que el Estado no tiene capacidad contributiva y (como unidad Nación - Provincia - Municipio) no puede cobrarse así mismo impuestos.-

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Esos dineros cobrados, por los proveedores de bienes y servicios al Estado, no son considerados "impuestos" por el Fisco (ya que no tienen forma efectiva de ingresar como tales al sistema impositivo). Por lo que significan el pago liso y llano de sobreprecios sobre esos bienes y servicios; y ese sobreprecio termina siendo financiado por los impuestos que paga el universo de contribuyentes.-

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Y en ese sentido, contribuyentes somos todos (empresas, trabajadores en relación de dependencia, autónomos y consumidores finales). Cuando vamos al supermercado o al almacén nos cobran impuestos -como consumidor final- en cada alimento, enseres y artículo de limpieza que adquirimos y cada vez que utilizamos un transporte para ir a nuestros trabajos.-

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El modo correcto y legal de facturar al Estado (nacional, provincial y municipal) y de imputar esas ventas (y posibles compras exentas), pueden verse en Facturación y Carga Imputación; debajo de Doctrina.-

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Si Ud. que está leyendo esto es -por casualidad- Funcionario Público (o asesor letrado o contador) del ámbito municipal o del gobierno provincial sanjuanino; y está enterado que los proveedores del Estado cobraron o cobran el IVA e impuestos internos en la compra de bienes ofrecidos o servicios prestados al Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Debo decirle -en este punto- que Ud. ya ha tomado conocimiento de la presunta comisión de un delito (Malversación de Caudales Públicos), y que Ud. está alcanzado de lleno por los Arts. 212 y 321 Inc. 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan y que (como Empleado y/o Funcionario Público) Ud. tiene la obligación legal de denunciar de inmediato el hecho en el Juzgado de Instrucción en turno. Y no importa si las compras de bienes y servicios ocurrieron en su gestión actual o en las gestiones anteriores.

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El funcionario o empleado público tiene la obligación legal de perseguir a cualquiera que presuntamente malversó y se adueñó de dineros municipales o provinciales,  no importa el tiempo que haya transcurrido (no hay plazos de prescripción); so pena de que el funcionario o empleado público sea considerado cómplice o encubridor del delito al intentar "tapar" o no perseguir esa malversación de caudales públicos, de los cuales el funcionario o empleado público de turno (desde el Gobernador de la Provincia hasta el más humilde Empleado Municipal pasando por todo el espectro de funcionarios y empleados) es un simple administrador de los fondos y recursos del Estado, que debe rendir cuentas de los bienes o fondos a su cargo. El funcionario o empleado público que no sepa explicar porqué no hizo nada si estaba enterado de que un proveedor cobró impuestos al Estado podrá ser imputado como cómplice de tal malversación.-

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Lo interesante en la pena establecida para estos delitos no es el tiempo en prisión, sino la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer el empleo o la función pública. En la práctica, el funcionario / empleado público acusado de estos delitos (o de ser complice o encubridor) y es encontrado culpable no puede ejercer la actividad o empleo público (ni como barrendero municipal) de por vida. Digamos que él (y su familia) se despiden de la teta del Estado para siempre. A diferencia de que la pena de prisión suele ser morigerada por los jueces, la accesoria siempre se cumple.-

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Se sabe que existe un derecho consuetudinario (basado en usos y costumbres) que tiene por "costumbre" cobrarle el IVA al Estado, sin importar lo establecido en la Constitución Nacional ni en las leyes vigentes. Pero esta situación no es muy reciente, data de los años '90, desde la época del gobierno de Carlos Saúl Ménem. Desde allí comenzó la "costumbre" (alentada desde ciertos organismos públicos nacionales) para que los proveedores del Estado incluyeran el IVA y demás impuestos en el precio de bienes y servicios; sin que (aún hoy) existieran modificaciones en las leyes nacionales que permitieran o justificaran tales acciones.-

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Todos estos cambios se fogonearon a fuerza de instrucciones y resoluciones, y a veces con algún Decreto de Necesidad y Urgencia.-

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Tal costumbre se ha mantenido con el correr de los años hasta nuestros días: Cobrándole el IVA y demás impuestos al Estado, sin que las leyes de tales impuestos lo establecieran, y hasta desconociendo lo normado por nuestra Constitución Nacional con respecto a la inmunidad fiscal del Estado. Si uno compara un pliego de un llamado a licitación o compra directa de fines de los años 80 a la actualidad, puede verse que antes no había componente impositivo en los precios ofertados al Estado. Desde los 90 a hoy se factura el precio más IVA (e Impuestos Internos, IIBB, etc.); y esto es sin que ello se reflejara en la legislación, doctrina y jurisprudencia vigentes en materia impositiva. Es más, la legislación, doctrina y jurisprudencia vigentes, avalan la vigencia de la Inmunidad Fiscal del Estado (llámese Nacional, Provincial o Municipal y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial).-

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Y toda esa fiesta (desde los años '90) se paga con nuestros impuestos. Solo en el ítem combustibles, al Estado se le cobra el 21% de IVA y el 23% del Impuesto de Transferencia a los Combustibles (lo que paga cualquier hijo de vecino). En telefonía celular, por ejemplo, el corporativo contratado por el Estado Provincial sanjuanino (que está exento) paga a Movistar más de $ 1.850.000 mensuales entre 27% de IVA, 2% ENARD y 1,7% de Impuestos Internos. Ventidos millones de pesos ($ 22.000.000) anuales pagados indebidamente con fondos del Estado, que podrían ir a Salud, Educación, Seguridad, Vivienda, Obras Públicas o Acción Social. Se reitera que ese dinero no tiene entrada en la AFIP (dado el carácter exento del Estado); y al no ingresar al Fisco Nacional no puede considerársele impuesto; sino un sobreprecio.-

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Sobre este punto, cabe señalar que, tanto el Estado como las Entidades sin fines de lucro -que operan por las exenciones impositivas genéricas establecidas legalmente y otorgadas por el propio Estado- poseen fácticamente las mismas exenciones a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Estos dos casos (Fundación Crear y Creer y Fundación Cuyum) demuestran que en una el reconocimiento lo dá la propia empresa prestadora de servicios y en otra lo dá la Autoridad de Aplicación de las Telecomunicaciones (actual ENACOM). Tales exenciones genéricas -en su cuantía- son idénticas a la inmunidad fiscal que goza el Estado.

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​​Hay funcionarios públicos que sostienen esa fiesta en vez de cuidar los fondos que le fueron dados para administrar durante su función pública. Y pareciera haber una conveniente nube en la mente de contadores y abogados que dicen desconocer y no entender los procesos contables y la letra de las leyes vigentes. Que (a sabiendas) hacen la vista gorda y dejan que las cosas pasen; percatándose quizás que se convierten en cómplices y encubridores del expolio que sufren las arcas del Estado. Estado del cual son servidores públicos, nada más.-

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Para aquel que no vive en Argentina (y para informar a los que si viven en este país): Debo decir que vivimos en una Democracia, representativa, republicana, federal y constitucionalista. Donde prima el Derecho Romano (la ley y el ser humano ante todo) por sobre el Derecho Anglosajón (el contrato y el capital ante todo). Aunque muchos no lo crean; esas son las reglas del juego establecidas y escritas en este país, en esta época.-

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Perdón, me olvidaba...

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Se preguntará el proveedor del Estado... ¿Y a mí que me va a pasar?

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Muy simple...

 

Ya que el dinero cobrado no es impuesto, la AFIP no se mete en ese problema. Para el Fisco, todo dinero no ingresado debidamente al circuito impositivo no se considera impuesto. Para la AFIP ese es un cobro que debe realizarle el Estado al proveedor que cobró de más. Y eso se realiza mediante un proceso civil de Cobro Ejecutivo de Pesos.-

 

Ese monto cobrado de más -al no ser impuesto- no está alcanzado por las prescripciones del mismo. Es decir que el Estado puede irse 25 años para atrás en el cobro de una factura de un proveedor. No importa si el que cobró de más fue por un bien o un servicio, la prueba de cargo es la o las facturas que el proveedor realizó, no importando la fecha de las mismas.-

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En el caso que el Estado toma conocimiento de la acción de fraude cometido; este tiene hasta dos años, desde ese momento, para presentarse en sede judicial e iniciar el cobro ejecutivo (Art. 2563 incs. f y g).-

 

Si el Estado no tuvo el cuidado de guardar las facturas, se puede pedir la intervención de la AFIP para conseguir copia de las mismas (ya sean manuales o electrónicas) que se hubieran realizado al CUIT. Hasta ese punto llega la actuación de la AFIP.-

 

Con todas esas pruebas y el escrito de demanda, el funcionario denunciante (y Fiscalía de Estado) toman al abogado de la manito y se lo llevan al Juzgado Civil en turno para presentar el bendito Cobro Ejecutivo contra el o los proveedores; sumados los intereses punitorios y resarcitorios y todo calculado con ajuste inflacionario según el CER, por supuesto. Se puede pedir el embargo preventivo y demás medidas cautelares que impidan que el proveedor demandado se desapodere de bienes o dinero (cuentas bancarias, vehículos, propiedades, etc.) para declararse insolvente ante el Juez.-

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Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de iniciar la pertinente denuncia penal contra el proveedor por Estafa al Estado y Malversación de Fondos Públicos. En el proceso penal incoado, se puede pedir la investigación del o los funcionarios / empleados públicos presuntamente involucrados en tal acción delictiva y su pertinente procesamiento.-

 

Como todos los expedientes de cobro tienen la firma y sello de los funcionarios y empleados involucrados, va a ser muy fácil saber quien autorizó que cosa...

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Y guay si el funcionario / empleado público involucrado está jubilado por su cargo o puesto; porque automáticamente pierde toda jubilación (o la pertinente pensión en caso de fallecimiento del funcionario/empleado público) otorgada por el Estado.-

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Actualmente existe (en los debates de café frente a Tribunales) un intercambio de opiniones sobre si:

 

1. Además de los empleados/funcionarios del Estado, un contribuyente cualquiera puede presentarse en Sede Penal para incoar a los proveedores del Estado que han cobrado sobreprecios mediante el "cobro" del IVA y demás impuestos en sus bienes y servicios al Estado Nacional, Provincial y Municipal,

2. Incoar a los funcionarios públicos que -con su omisión y/o inacción- permitieron y/o alentaron la acción reprochable y,

3. Si sería posible que un contribuyente impulse la acción de recuperar esos fondos para ser devueltos a las arcas fiscales provinciales o municipales.

 

Sería interesante ver si un Juez de Instrucción acepta la personería necesaria invocada por un contribuyente o grupo de contribuyentes; ya que el dinero pagado por el Estado en esos sobreprecios le pertenece -técnicamente- al universo de contribuyentes.-

 

Y el Estado está dispuesto a recuperar fondos pagados de más?

 

Fondos que no le son propios, sino que los administra en nombre de todos los contribuyentes?

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